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    Los comités de empresa elegidos son el principal canal de representación de los trabajadores en el centro de trabajo en España, aunque la ley también otorga un papel específico a los sindicatos en el centro de trabajo y en los centros de trabajo más grandes el delegado sindical puede ser la figura clave. Los comités de empresa están dominados por los sindicatos y, además de tener derechos de información y consulta, también negocian las condiciones salariales en la empresa.
    El comité de empresa también tiene derecho a recibir copias de los contratos de trabajo, así como a la notificación de las prórrogas y rescisiones en un plazo de 10 días desde que se produzcan.  El comité de empresa tiene derecho a ser informado y consultado sobre la situación y la estructura del empleo en la empresa o en el centro de trabajo, así como a ser informado trimestralmente sobre los posibles cambios en el empleo, con consulta cuando se prevean cambios.  Tiene derecho a ser informado y consultado sobre todas las decisiones de la empresa que puedan suponer cambios en la organización del trabajo y en los contratos de trabajo. También tiene derecho a ser informada y consultada sobre cualquier posible medida contraria, especialmente si existe un riesgo para el empleo.  Hay seis cuestiones específicas en las que el comité de empresa tiene derecho a elaborar un informe antes de que el empresario aplique la propuesta. El comité de empresa debe recibir información adecuada sobre el tema y, si desea elaborar un informe en respuesta a las propuestas del empresario, debe hacerlo en un plazo de 15 días. El empresario y el comité de empresa deben tener la oportunidad de reunirse y, si es posible, llegar a un acuerdo. Las cuestiones cubiertas por esta obligación son:

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    Cualquier omisión o acción realizada por el empresario en contra de la legislación laboral o de los convenios colectivos se considera una infracción laboral. Un inspector de trabajo autorizado puede realizar labores de inspección para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y los convenios colectivos. Las multas dependen de la gravedad del delito y pueden oscilar entre 60 euros y 37.920 euros.
    Fuentes: §1, 11(1-2), 26(3), 27 y 31 del Real Decreto 2/2015 por el que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores; §5 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
    La aplicación de la legislación sobre el salario mínimo a los trabajadores de la plataforma varía en función del contrato que hayan firmado. La mayoría de los trabajadores trabajan como contratistas independientes. En ese caso, el salario mínimo no se les aplica. Algunas plataformas ofrecen a sus trabajadores contratos de trabajo, a veces a través de una agencia de empleo. En ese caso, el salario mínimo sí se aplica a estos trabajadores. Por otra parte, el salario mínimo no suele aplicarse a los trabajadores autónomos. Sin embargo, si un trabajador autónomo ha contratado a otras personas, se le aplicarán las tarifas del salario mínimo.

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    Acerca dePaís: EspañaAutor: Juan Arasanz DíazInstitución: Descargo de responsabilidad: Esta información se ofrece como un servicio al público pero no ha sido editada por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. El contenido es responsabilidad de los autores.
    El sistema de relaciones laborales español otorga a los sindicatos una influencia mayor de lo que sugieren sus índices de afiliación, que son de los más bajos de Europa. Las estrategias destinadas a aumentar la afiliación entre nuevos grupos de trabajadores se ven limitadas por la falta de incentivos para la afiliación y una situación laboral inestable. Los sindicatos han tratado de reforzar su papel institucional asumiendo nuevas funciones dentro del diálogo social y la negociación colectiva.
    La fuente más utilizada para estimar y caracterizar la afiliación sindical en España es la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo que realiza el Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN) desde 1999 (Tabla 1).

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    El derecho a afiliarse a un sindicato y a negociar colectivamente está reconocido como un derecho humano fundamental por numerosas cartas y convenios europeos e internacionales. Sin embargo, el antisindicalismo va en aumento en Europa.
    A lo largo del último año, la Confederación Europea de Sindicatos ha recibido informes alarmantes sobre violaciones de los derechos sindicales -obstáculos, victimización y discriminación- en varios países, a veces utilizando la pandemia como pretexto. La CES pide a las instituciones europeas que adopten una postura y pongan fin al antisindicalismo, incluyendo en la propuesta de directiva sobre salarios mínimos adecuados medidas que pongan fin a las prácticas antisindicales y garanticen el acceso de los sindicatos a los centros de trabajo y su protección frente a la victimización.
    La mejor manera de garantizar unos salarios justos es la negociación colectiva de los sindicatos. El proyecto de directiva así lo reconoce en su artículo 4, en el que se insta a «promover la negociación colectiva en materia de fijación de salarios». Esto obliga a los Estados miembros a trabajar con los interlocutores sociales (sindicatos y empresarios) para fomentar negociaciones «constructivas, significativas e informadas» y reforzar la negociación sectorial o interprofesional. En los países en los que menos del 70% de los trabajadores están cubiertos por convenios colectivos, los gobiernos tendrán que elaborar planes de acción para promover la negociación.

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