Auditoria de cuentas obligatoria

    Informe de auditoría legal

    Las grandes organizaciones están obligadas a auditar sus estados financieros. La ley define una serie de criterios para ello. Pero incluso cuando la auditoría no es obligatoria, una visión independiente e imparcial de sus procesos financieros puede merecer la pena, ya que constituye una forma adicional de garantía, tanto a nivel interno como para sus partes interesadas externas.
    Para las empresas que cotizan en bolsa, la auditoría legal es automáticamente obligatoria, al igual que para las filiales de los grupos o sociedades de cartera que publican cifras consolidadas. Es indiferente que usted, como entidad independiente, cumpla dos de los tres criterios.
    Si está obligado a tener una auditoría legal, la junta general debe nombrar un auditor legal. Se trata de un auditor de empresas que revisa su organización financiera y administrativa cada año por un periodo (renovable) de tres años y emite un dictamen sobre los estados financieros.
    Muchas PYME y organizaciones sin ánimo de lucro no tienen que nombrar a un auditor para que revise sus cuentas. Sin embargo, vale la pena considerar una opinión externa de este tipo incluso para una organización pequeña. La razón es que proporciona una garantía y comodidad adicionales, tanto a nivel interno como para las partes interesadas en el ámbito financiero y comercial, ya que les proporciona una prueba de que sus cifras ofrecen una imagen fiel de sus operaciones empresariales. Además, el análisis de sus procesos va mucho más allá de la comprobación de sus cifras. El auditor es su caja de resonancia y su compañero de batalla en cuestiones financieras.

    Auditoría no reglamentaria

    Incluye la revisión del papel de trabajo. Si todos los papeles de trabajo se hacen de acuerdo con los requisitos. Si no es así, se toman las medidas adecuadas para evitar posibles errores que puedan ser ignorados durante la auditoría.
    Una empresa privada en cuyas acciones no participa directa o indirectamente ninguna corporación y que no tiene más de 20 miembros, o cualquier empresa privada que sea propiedad del Gobierno y que el Ministro, en interés nacional, declare, mediante notificación en la Gaceta, que es una empresa privada exenta.
    La auditoría legal es una auditoría realizada por una persona o una empresa en la que todos los socios son miembros del ICAI y tienen un certificado de práctica, el auditor legal es básicamente responsable de informar sobre los errores que encuentra durante el curso de la auditoría.

    Auditoría de empresas

    Las normas actuales se adoptaron en abril de 2014. Su objetivo es mejorar las auditorías legales en la UE reforzando la independencia de los auditores y su escepticismo profesional respecto a la dirección de la empresa auditada.
    En el caso de las entidades de interés público (EIP), por ejemplo, los auditores rotarán periódicamente y ya no podrán prestar determinados servicios distintos de la auditoría a sus clientes.  Las EIP son empresas que cotizan en bolsa, entidades de crédito, compañías de seguros u otras empresas designadas por los países de la UE como de importancia pública.
    Estas normas contribuyen a fomentar la diversidad en los mercados de auditoría y a aumentar la confianza de los inversores en la información financiera de las empresas, lo que a su vez mejora las condiciones para la inversión transfronteriza y el crecimiento económico en la UE.
    El Comité de Organismos Europeos de Supervisión de Auditoría (CEAOB) se creó en 2016 para mejorar la cooperación entre las autoridades nacionales de auditoría de la UE. El CEAOB contribuye a la correcta aplicación de la legislación de auditoría de la UE facilitando la convergencia de la supervisión.

    Características de la auditoría legal

    La auditoría de las cuentas anuales es obligatoria para las empresas a las que se aplica la Ley de Sociedades Anónimas (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad cooperativa, etc.) cuando durante dos ejercicios consecutivos cumplen dos de los tres criterios siguientes:
    La auditoría legal de las cuentas anuales requiere el nombramiento de los auditores por parte de la Junta de Accionistas o Asamblea General antes del cierre del ejercicio a auditar y su inscripción en el registro (Registro Mercantil, Registro de Cooperativas, etc.)
    Los auditores son nombrados por un período inicial no inferior a tres años ni superior a nueve años a partir de la fecha de inicio del primer ejercicio a auditar, pudiendo ser nombrados por un período máximo de tres años tras la finalización del período inicial.
    La auditoría anual es necesaria para las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro sujetas a la normativa estatal (en las comunidades autónomas estos límites pueden variar) si se cumplen dos de los tres requisitos siguientes:

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